Una investigación de ProPublica documentó más de 40 casos en los que agentes de inmigración en EE.UU. usaron técnicas de estrangulamiento prohibidas, reavivando el debate sobre uso excesivo de la fuerza y rendición de cuentas.
Agentes federales de inmigración en Estados Unidos han recurrido a técnicas de estrangulamiento y otras maniobras peligrosas prohibidas, poniendo en riesgo la vida de civiles, según una investigación publicada por ProPublica que analizó más de 40 incidentes ocurridos en el último año.
El reportaje, elaborado por las periodistas Nicole Foy y McKenzie Funk, revisó videos de arrestos difundidos en redes sociales, expedientes judiciales y reportes de prensa, los cuales fueron evaluados por un panel de exoficiales de policía, expertos en uso de la fuerza y exfuncionarios de inmigración. La conclusión fue contundente: en numerosos casos, los agentes actuaron sin un plan claro de arresto y con tácticas que violan las normas federales.
Técnicas prohibidas y falta de sanciones
De acuerdo con la investigación, en al menos 20 casos los agentes utilizaron estrangulamientos directos o restricciones al cuello que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prohíbe, salvo en situaciones donde esté autorizado el uso de fuerza letal. En otros videos, se observa a oficiales presionando rodillas sobre el cuello o la espalda de personas ya esposadas, una práctica ampliamente desaconsejada por el riesgo de asfixia.
Pese a la prohibición vigente desde 2023, no hay evidencia pública de sanciones disciplinarias contra los agentes involucrados. El gobierno federal no lleva un registro oficial sobre cuántas veces se emplean estas maniobras durante operativos migratorios.
Casos que involucran a ciudadanos y menores
La investigación documenta que algunas de las personas afectadas eran ciudadanos estadounidenses, incluyendo un menor de 16 años, quien relató haber sentido que iba a desmayarse tras ser sometido a un estrangulamiento durante el arresto de su padre. Otros casos muestran a personas perdiendo el conocimiento o convulsionando mientras eran inmovilizadas.
Expertos consultados calificaron las acciones como “policía mal entrenada” y señalaron que este tipo de tácticas deberían conllevar consecuencias inmediatas, especialmente cuando no existe una amenaza grave para los agentes.
Contexto político y respuesta oficial
El resurgimiento de estas prácticas ocurre en el contexto de la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración del presidente Donald Trump, según señala ProPublica. Funcionarios del DHS y de la Casa Blanca han defendido el actuar de los agentes, asegurando que siguen su entrenamiento y actúan para proteger la seguridad pública.
Sin embargo, exfuncionarios federales entrevistados para el reporte indicaron que durante décadas este tipo de tácticas eran extremadamente raras y que su uso generalizado marca una ruptura con estándares profesionales previamente aceptados.
Preocupación por rendición de cuentas
La investigación también destaca que muchos agentes participan en operativos con el rostro cubierto y sin identificación visible, lo que dificulta la rendición de cuentas. Expertos advierten que la combinación de patrullajes no planificados, presión operativa y falta de supervisión aumenta el riesgo de abusos.
Algunos estados y ciudades han comenzado a responder. Legisladores en California e Illinois han impulsado leyes para exigir identificación visible a agentes federales o permitir demandas civiles cuando se violan derechos constitucionales, aunque estas medidas enfrentan desafíos legales del gobierno federal.
