La nueva orden ejecutiva exige prueba de ciudadanía para registrarse y condiciona la financiación federal al cumplimiento de las nuevas normas electorales.
Por Ali Swenson y Christina A. Cassidy – The Associated Press
El presidente, Donald Trump, firmó este martes una amplia orden ejecutiva para reformar el sistema electoral estadounidense. Esta orden incluye la exigencia de presentar prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en las elecciones federales y la exigencia de que todas las papeletas se reciban antes del día de las elecciones.
La orden afirma que Estados Unidos no ha “aplicado las protecciones electorales básicas y necesarias” e insta a los estados a colaborar con las agencias federales para compartir las listas de votantes y procesar los delitos electorales. Y amenaza con retirar la financiación federal a los estados donde los funcionarios electorales no cumplan con las nuevas pautas.
La medida, que probablemente enfrentará impugnaciones en las cortes por parte de las organizaciones que defienden los derechos electorales, se alinea con las críticas de Trump a los procesos electorales. Con frecuencia ha afirmado que las elecciones están siendo manipuladas, incluso antes de que se conozcan los resultados, y ha librado batallas contra ciertos métodos de votación desde que perdió las elecciones de 2020 contra el demócrata Joe Biden, atribuyéndolo falsamente a un fraude generalizado.
Trump se ha centrado especialmente en el voto por correo, al argumentar sin pruebas que es inseguro e invita al fraude, incluso cuando ha cambiado su posición sobre el tema debido a la popularidad del sufragio por correo entre los votantes, incluidos los republicanos. Aunque se producen fraudes, son poco frecuentes, de alcance limitado y son enjuiciados.
La obligatoriedad de presentar prueba de ciudadanía de la orden indica que el presidente no está esperando a que los republicanos del Congreso aprueben su tan esperada Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, o Ley SAVE, que tiene como objetivo hacer lo mismo.
Los republicanos han defendido esa medida como necesaria para restablecer la confianza pública en las elecciones. Votar sin ser ciudadano ya es ilegal y puede dar lugar a cargos por delitos graves y a la deportación.
