La policía de New Orleans analiza revocar una política de 2016 que limitaba su cooperación con autoridades federales de inmigración tras negociaciones con la fiscal general estatal.
El Departamento de Policía de New Orleans (NOPD) está considerando modificar o revocar una política vigente desde 2016 que restringe la cooperación de sus agentes con autoridades federales en asuntos de inmigración civil. El posible cambio surge tras semanas de negociaciones entre la superintendente de policía, Anne Kirkpatrick, y la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill.
La norma actual establece que la aplicación de leyes federales de inmigración civil corresponde exclusivamente al Gobierno federal. En la práctica, esto ha limitado que oficiales locales notifiquen a autoridades migratorias cuando una persona detenida enfrenta una orden administrativa relacionada con su estatus migratorio, salvo en casos vinculados a delitos penales.
Según funcionarios estatales, la revisión busca alinear las políticas locales con leyes estatales y federales recientes. La fiscal general ha señalado que la nueva redacción permitiría mayor claridad en la cooperación con agencias federales cuando existan órdenes migratorias activas. Por su parte, representantes del NOPD indicaron que el objetivo no es ampliar el rol del departamento en la aplicación de leyes migratorias, sino actualizar disposiciones internas.
La alcaldía de New Orleans no ha divulgado públicamente el texto del posible nuevo reglamento. Funcionarios municipales han evitado confirmar si la modificación implicaría que agentes comiencen a notificar de forma rutinaria a autoridades federales cuando identifiquen órdenes administrativas de inmigración durante detenciones.
El debate ocurre en un contexto nacional de mayor presión sobre gobiernos locales para colaborar con operativos migratorios federales. Organizaciones comunitarias advierten que cualquier cambio en la política podría afectar la relación de confianza entre residentes inmigrantes y la policía local, especialmente en situaciones como denuncias de delitos o cooperación con investigaciones.
Expertos legales señalan que el impacto real dependerá de cómo se aplique la política revisada y de la coordinación con otras agencias locales, particularmente la oficina del alguacil parroquial, que administra la cárcel y tiene mayor contacto con detenidos a largo plazo.
Mientras continúan las conversaciones entre autoridades estatales y locales, el NOPD sostiene que cualquier actuación relacionada con detenciones migratorias seguirá bajo la jurisdicción federal.
