Organizaciones de derechos de los inmigrantes pidieron al gobierno de Trump detener el encarcelamiento de mujeres embarazadas en centros de detención, denunciando negligencia médica y maltrato. El Departamento de Seguridad Nacional defiende su actuación.
BATON ROUGE, Louisiana. — Grupos de derechos de los inmigrantes, junto con legisladores demócratas, exigieron este miércoles a la administración federal de Donald Trump que deje de detener a mujeres embarazadas en centros de detención de inmigración. La solicitud llega tras múltiples denuncias de maltrato, negligencia médica y condiciones inhumanas en instalaciones de Louisiana y Georgia.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) envió una carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de una campaña nacional que busca poner fin a la detención de mujeres embarazadasen centros migratorios. El documento recopila testimonios de mujeres que afirmaron haber sido encadenadas durante traslados, mantenidas en confinamiento solitario por días y privadas de agua y alimentación adecuada. Algunas reportaron abortos espontáneos mientras estaban bajo custodia.
Denuncias de negligencia y condiciones precarias
En los relatos recogidos por la ACLU, las mujeres describen un sistema que carece de atención médica básica y sensibilidad hacia su estado. Una de las denunciantes aseguró que fue esposada durante un traslado de más de cinco horas hacia Louisiana, a pesar de estar embarazada y presentar síntomas de sangrado y mareo.
La carta acusa a las autoridades de haber ignorado las necesidades médicas y nutricionales de las detenidas. Además, señala que la falta de traductores durante las consultas médicas agravó la situación, impidiendo que las mujeres comprendieran los tratamientos o exámenes a los que eran sometidas.
Respuesta del gobierno federal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de ICE, afirmando que la detención de mujeres embarazadas es “excepcionalmente rara”, representando menos del 1% de la población bajo custodia.
La subsecretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, calificó la denuncia como “otro intento repugnante de desprestigiar a ICE” y aseguró que las instalaciones ofrecen atención prenatal, servicios de salud mental y apoyo nutricional “alineados con los estándares comunitarios de atención médica”.
Sin embargo, los grupos defensores cuestionan la falta de transparencia, ya que ICE no ha revelado cifras oficiales sobre mujeres embarazadas, posparto o lactantes actualmente detenidas.
Legisladores piden medidas urgentes
En septiembre, senadores demócratas enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, expresando su preocupación por la “prevalencia y el trato” de mujeres embarazadas en custodia.
Por su parte, la representante Sydney Kamlager-Dove (California) trabaja en una propuesta de ley para restringir el uso de grilletes y esposas en mujeres embarazadas, en labor de parto o en periodo posparto bajo custodia federal.
Aunque las políticas internas de ICE recomiendan no detener ni arrestar a mujeres embarazadas o lactantes, existen excepciones en “circunstancias especiales”, lo que ha permitido que estos casos continúen ocurriendo en el sur del país.
Llamado a una revisión del sistema
La carta de la ACLU se suma a una serie de denuncias que buscan una revisión exhaustiva de las condiciones en los centros de detención y una moratoria en el encarcelamiento de mujeres embarazadas.
La organización insistió en que recibir atención médica adecuada durante el embarazo es un derecho humano básico, sin importar el estatus migratorio.
