El fallo favorece al gobierno de Trump y reactiva vuelos a países como Cuba y El Salvador.
Washington D.C. — En una decisión dividida, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración del expresidente Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia países terceros, es decir, naciones que no son sus países de origen. La votación fue de seis jueces a favor y tres en contra, con las juezas liberales emitiendo una fuerte disensión contra lo que calificaron como una medida que “premia la ilegalidad”.
El fallo revoca una orden previa emitida por un juez federal en Boston, quien había bloqueado estas deportaciones argumentando que los migrantes tenían derecho al debido proceso para explicar los riesgos que enfrentarían si eran enviados a naciones como Yibuti o Sudán del Sur, lugares donde muchos nunca habían estado y donde podrían ser víctimas de tortura o violencia.
El caso ganó atención pública tras conocerse que ocho migrantes de países como Myanmar, Cuba, Vietnam y México fueron enviados en un vuelo secreto que finalmente aterrizó en la base militar de Estados Unidos en Yibuti, África oriental. A pesar de la orden judicial en contra, ese grupo permanece retenido allí.
Las autoridades federales han argumentado que los migrantes en cuestión representaban una amenaza pública por presuntos delitos graves, aunque abogados defensores han señalado que muchos no tienen antecedentes criminales. El Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
Latinoamérica
La nueva orden impacta especialmente a los países latinoamericanos, ya que una gran parte de la población indocumentada en Estados Unidos proviene de esa región. La medida ha generado preocupación y temor entre muchas personas.
Entre los destinos a deportar figuran El Salvador, Panamá y Costa Rica, países con los que existen acuerdos para recibir a personas que no son originarias de esas naciones.
Reacciones
Entre tanto, organizaciones de derechos humanos y defensa legal han condenado la decisión. La directora de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, Trina Realmuto, calificó la medida como “horrenda”, advirtiendo que pone en riesgo la vida de sus representados.
En su disenso, la jueza Sonia Sotomayor expresó:
“Es incomprensible que la corte permita que miles de personas sean enviadas a posibles escenarios de tortura o muerte sin la mínima garantía procesal”.
El fallo representa una victoria legal para quienes promueven deportaciones masivas, pero también un nuevo foco de tensión entre el sistema judicial y los derechos humanos. Mientras tanto, los abogados de los migrantes afectados han solicitado medidas de emergencia para impedir nuevas remociones.
