Una corte de apelaciones ordenó la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, aunque un juez migratorio había liberado bajo fianza.
Una corte de apelaciones en Estados Unidos ordenó la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien fue detenido en junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras cubría una protesta migratoria en Doraville, Georgia. La decisión se produce a pesar de que un juez de inmigración ya había autorizado su liberación bajo fianza.
Guevara, quien reside en Estados Unidos desde hace casi dos décadas, fue arrestado el pasado 14 de junio en el ejercicio de su labor como periodista independiente. Inicialmente se le acusó de obstrucción policial y participación en reuniones no autorizadas, aunque dichas acusaciones no prosperaron. Poco después, fue transferido a un centro de detención para inmigrantes, donde permanece a la espera de su posible expulsión del país.
El caso ha provocado una ola de reacciones entre organizaciones defensoras de derechos civiles y de libertad de prensa. La ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) denunció que ICE bloqueó el pago de la fianza de 7,500 dólares que permitiría la liberación del periodista, pese a que un juez lo había autorizado legalmente. Además, afirman que Guevara tiene una vía clara para regularizar su estatus migratorio y que esta orden de deportación atenta contra el debido proceso.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) advirtió que este caso sienta un precedente preocupante. Según la organización, deportar a un reportero por cubrir temas delicados como la migración podría tener un efecto intimidante para la prensa, especialmente entre periodistas independientes y de origen inmigrante.
Mario Guevara asegura que su detención está directamente relacionada con su trabajo y que nunca ha cometido un crimen. En una carta difundida por medios estadounidenses, expresó: “Estoy a punto de ser expulsado de este país al que tanto he amado y respetado durante más de dos décadas”. Añadió que, si es deportado, lo hará “con la frente en alto”, convencido de que se trata de una represalia por ejercer el periodismo.
Su equipo legal, con el apoyo de organizaciones como la ACLU, busca ahora frenar la deportación mediante una apelación urgente. A medida que el caso gana visibilidad, también aumenta la presión sobre el gobierno estadounidense para que respete el fallo judicial que ordenaba su liberación.
