Los prestatarios de préstamos estudiantiles federales en Louisiana podrían enfrentar una factura tributaria adicional significativa cuando se les cancele la deuda bajo ciertos planes de pago basados en los ingresos, después de que expirara una exención federal que permitía que esa deuda cancelada no se considerara ingreso sujeto a impuestos.
Un nuevo análisis de Protect Borrowers, una organización que estudia el impacto de la deuda, estima que el costo federal adicional promedio para un prestatario de Louisiana podría ser de $7,668 cuando se cancele su deuda durante el año fiscal 2026. La cifra es una proyección basada en los escenarios analizados por la organización y no representa lo que todos los prestatarios tendrán que pagar.
¿Por qué podría aumentar la factura de impuestos?
La situación se debe a la expiración de una disposición federal que excluía de los ingresos sujetos al impuesto federal ciertas deudas de préstamos estudiantiles canceladas.
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 estableció que la mayoría de las deudas de préstamos estudiantiles canceladas entre 2021 y 2025 no se considerarían ingresos sujetos al impuesto federal. Esa exclusión terminó el 31 de diciembre de 2025.
Como resultado, el IRS señala que, en general, los saldos de préstamos estudiantiles federales cancelados bajo ciertos planes de pago basados en los ingresos a partir de 2026 pueden considerarse ingresos sujetos a impuestos.
Esto no significa que toda cancelación de préstamos estudiantiles genere automáticamente una obligación tributaria. El tratamiento depende del tipo de préstamo, el programa de cancelación y las circunstancias del prestatario.
Louisiana aparece entre los estados con mayor impacto proyectado
El análisis de Protect Borrowers coloca a Louisiana en el primer lugar entre los estados que, según su modelo, experimentarían los mayores aumentos en la carga tributaria de los prestatarios afectados.
Para Louisiana, el informe estima un costo federal adicional promedio de $7,668 por deuda cancelada. El modelo compara la situación tributaria cuando la deuda cancelada no se considera ingreso con el escenario en el que sí está sujeta a impuestos.
Según el informe, el efecto podría hacer que las obligaciones tributarias de algunas familias se dupliquen o tripliquen. El resultado varía según factores como los ingresos, el estado civil y el tamaño de la familia.
La organización estima que los costos federales adicionales podrían variar desde unos $6,000 hasta casi $12,000 en los escenarios analizados.
El informe también señala que los prestatarios de varios estados del sur podrían enfrentar mayores aumentos debido, entre otros factores, a que suelen tener ingresos más bajos y saldos de préstamos más altos.
¿Quiénes podrían verse afectados?
El posible impacto se concentra en prestatarios con préstamos federales que reciben cancelación de deuda después de cumplir los requisitos de determinados planes de pago basados en los ingresos, conocidos como IDR.
Estos planes calculan los pagos mensuales utilizando factores como los ingresos y el tamaño de la familia. Dependiendo del plan y de cuándo se obtuvieron los préstamos, un saldo restante puede ser cancelado después de cumplir con el período de pago requerido. Federal Student Aid señala que algunos planes de pago basados en los ingresos pueden contemplar la cancelación después de 20 o 25 años de pagos elegibles.
Protect Borrowers estima que entre 2 millones y 3 millones de prestatarios podrían verse afectados por la tributación de deuda cancelada durante los próximos 10 años.
No toda cancelación de préstamos está sujeta a impuestos
El IRS establece varias excepciones y exclusiones.
Por ejemplo, ciertos préstamos cancelados debido a la muerte o a una incapacidad total y permanente del prestatario no generan ingresos sujetos a impuestos. También existen determinadas excepciones para algunos programas de préstamos y situaciones específicas.
Además, una persona que sea considerada insolvente cuando se cancele la deuda podría excluir de sus ingresos una parte o la totalidad de la deuda cancelada, dependiendo de sus circunstancias.
La Oficina del Defensor del Contribuyente también señala que ciertos programas, como el Public Service Loan Forgiveness y el Teacher Loan Forgiveness, no generan una obligación tributaria federal sobre el monto cancelado bajo las reglas descritas por la agencia.
¿Qué deben saber los prestatarios?
Las personas que esperan recibir una cancelación de sus préstamos en 2026 o posteriormente deben revisar las consecuencias fiscales específicas de su programa.
La Oficina del Defensor del Contribuyente recomienda conservar documentación sobre la situación financiera del prestatario al momento de la cancelación. Si se recibe un Formulario 1099-C por deuda cancelada, la información debe revisarse cuidadosamente antes de presentar la declaración de impuestos.
Federal Student Aid también advierte que los prestatarios podrían tener que pagar impuestos federales y, dependiendo del caso, impuestos estatales sobre ciertos montos cancelados.
Debido a que las consecuencias pueden variar considerablemente de una persona a otra, los prestatarios que esperan una cancelación de deuda deben revisar su situación particular con un profesional de impuestos o consultar directamente los recursos del IRS y de Federal Student Aid.
Protect Borrowers pide cambios en la ley
Protect Borrowers sostiene que el Congreso y las legislaturas estatales deberían adoptar medidas para evitar que la cancelación de préstamos estudiantiles genere esta carga tributaria.
La organización considera que el impacto podría afectar especialmente a prestatarios de menores ingresos que hayan pasado décadas realizando pagos bajo planes basados en los ingresos. Estas conclusiones forman parte del análisis de Protect Borrowers y reflejan sus recomendaciones de política pública.
Por ahora, las reglas federales establecen que determinados montos de préstamos estudiantiles cancelados a partir de 2026 pueden volver a considerarse ingresos sujetos a impuestos, aunque existen excepciones y exclusiones.
