A partir del 1 de agosto de 2025, entrará en vigor una nueva legislación que endurece significativamente las penas para los conductores involucrados en accidentes de tipo “hit and run” (atropello y fuga)
Según la nueva normativa estatal, cualquier persona que huya intencionalmente de la escena de un accidente, sabiendo que ha causado daños graves o fatales, será condenada a un mínimo de dos años de prisión obligatoria.
Lo más relevante es que esta condena no será elegible para libertad condicional, libertad anticipada ni sentencia suspendida, lo que significa que los culpables deberán cumplir íntegramente los dos años de prisión, como mínimo.
El objetivo de esta nueva ley es reducir los casos de atropellos con fuga en el estado y brindar mayor justicia a las víctimas y sus familias. Legisladores y defensores comunitarios argumentan que muchos conductores abandonan la escena del crimen para evitar ser identificados bajo la influencia de drogas o alcohol.
Con esta ley, se busca disuadir esas acciones mediante consecuencias legales más estrictas.
