Un juez federal en San Francisco anuló la orden del Gobierno que cancelaba el TPS y extendió la protección a más de 1 millón de beneficiarios hasta octubre de 2026.
El juez federal de distrito Edward Chen bloqueó este viernes la orden del Gobierno de Donald Trump que ponía fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de venezolanos y haitianos. La decisión restituye la protección migratoria al menos hasta octubre de 2026 para más de 1 millón de personas.
La medida deja sin efecto la orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había argumentado que las condiciones en ambos países habían cambiado y ya no justificaban extender el beneficio.
Contexto de la decisión
El fallo es resultado de una demanda presentada en julio por grupos de beneficiarios, quienes calificaron la cancelación del TPS como “arbitraria y caprichosa”. Chen coincidió, señalando que la revocación violaba la ley y se implementó de manera apresurada.
“Por 35 años el estatuto de TPS ha sido aplicado fielmente por Administraciones de ambos partidos con la participación del Departamento de Estado y otras agencias”, escribió el juez en su decisión. “La acción de la secretaria de revocar el TPS no solamente fue sin precedentes en la forma y velocidad, sino que viola la ley”.
El Departamento de Seguridad Nacional había dado apenas 60 días a los beneficiarios para cambiar su estatus migratorio, lo que el tribunal consideró insuficiente.
Reacciones y posibles apelaciones
Organizaciones de venezolanos y haitianos celebraron el fallo en redes sociales. “¡Tenemos TPS! ¡Tienen TPS!”, expresó el Venezuelan American Caucus tras conocerse la noticia.
El juez Chen advirtió que el caso podría llegar a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito e incluso a la Corte Suprema, pero ordenó que la restitución de la protección entrara en vigor de inmediato.
El TPS: una protección vital
El TPS protege a migrantes de países en crisis contra la deportación y les otorga permisos de trabajo y estudio. En el caso de venezolanos y haitianos, su extensión se había convertido en una demanda clave debido a la inestabilidad política, la violencia y la crisis humanitaria en ambas naciones.
El Gobierno de Trump mantiene alertas de viaje a Venezuela y Haití, e incluso ha calificado al régimen de Nicolás Maduro como parte de un “cártel criminal”. En Haití, la violencia de pandillas ha empeorado las condiciones de vida, reforzando los argumentos a favor de la protección.
