Un juez federal en Washington extendió la orden que impide al Gobierno de Donald Trump deportar a un grupo de niños migrantes de Guatemala. La medida cautelar se mantendrá de forma indefinida mientras continúa el proceso judicial.
El juez de distrito Timothy J. Kelly, nombrado por Trump, dictaminó este jueves que la Administración no puede ejecutar de inmediato la expulsión de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que actualmente residen en refugios gubernamentales o en hogares de acogida.
La decisión surge después de que el Gobierno intentara, durante el fin de semana del Día del Trabajo, expulsar a decenas de niños en cuestión de horas. ICE llegó incluso a trasladar a 76 menores hacia aeropuertos en Texas, listos para ser enviados en vuelos hacia Guatemala.
Argumentos del juez
El Gobierno había afirmado que la deportación respondía a la voluntad de los padres para que los niños regresaran a casa. Sin embargo, el juez Kelly señaló que no existe evidencia de que los padres hayan solicitado su repatriación, desestimando esa justificación como insuficiente.
En su fallo, el magistrado también subrayó que los intentos de deportar a los menores sin respetar los procedimientos legales de protección a la niñez migrante resultan contrarios a la ley estadounidense.
Alcance de la orden judicial
La medida bloquea de momento la deportación de los niños de Guatemala, aunque no se aplica de manera automática a menores de otros países. Sin embargo, el juez advirtió que intentos similares con migrantes de otras naciones también podrían ser ilegales.
Actualmente, existen casos paralelos en Arizona e Illinois, aunque abarcan un número más limitado de niños migrantes.
Contexto migratorio
El Gobierno había identificado inicialmente a 457 menores guatemaltecos para su deportación, aunque la cifra fue reducida a 327. La operación fue suspendida tras la intervención judicial, en respuesta a demandas presentadas por defensores de derechos de inmigrantes, quienes argumentan que muchos de estos niños huyeron de violencia y abusos en sus países de origen.
La decisión representa un revés para la política migratoria de Trump y refuerza la protección legal para menores no acompañados en Estados Unidos.
