Un juez federal ordenó frenar la deportación de un niño de 5 años y su padre, detenidos por agentes de ICE en Minnesota mientras el menor regresaba de la guardería.
Un juez federal frena la deportación de un niño detenido por ICE
Un juez federal de Estados Unidos ordenó detener de manera temporal la deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y de su padre, luego de que ambos fueran arrestados por agentes de inmigración en Minnesota y trasladados a un centro de detención en Texas.
El caso ha generado una fuerte reacción nacional, ya que el menor fue detenido cuando regresaba de la guardería a su casa, en un operativo migratorio que forma parte de la intensificación de arrestos impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.
Según autoridades escolares del distrito de Columbia Heights, agentes federales interceptaron al niño dentro de un vehículo que estaba en la entrada de su vivienda y luego le pidieron que tocara la puerta para verificar si había más personas dentro de la casa, una acción que ha sido duramente criticada por defensores de derechos civiles.
La familia del menor mantiene un caso de asilo activo y, de acuerdo con funcionarios educativos, no existe una orden judicial de expulsión en su contra. A pesar de ello, Liam y su padre fueron trasladados a una celda familiar en Texas, donde permanecen bajo custodia de ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el objetivo del operativo era arrestar al padre del niño, un ciudadano ecuatoriano, y que el menor fue retenido “por su propia seguridad” mientras se realizaba la detención. Sin embargo, familiares y abogados han cuestionado esta versión, asegurando que había otros adultos disponibles para cuidar al niño.
La orden del juez impide por ahora que ambos sean deportados mientras se revisa la legalidad del operativo y el debido proceso migratorio de la familia. El caso se suma a una serie de detenciones recientes de menores en el área de Minneapolis, lo que ha generado temor entre comunidades inmigrantes y una caída notable en la asistencia escolar en distritos con alta población latina.
Organizaciones de derechos civiles han advertido que estos operativos podrían violar garantías constitucionales y han pedido mayor transparencia sobre el uso de órdenes administrativas y la forma en que ICE ejecuta los arrestos.
