Amnistía Internacional concluye que las violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
SAN SALVADOR. Amnistía Internacional aseguró que las violaciones de derechos humanos documentadas durante el régimen de excepción en El Salvador podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al considerar que forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil.
La organización presentó el informe “Seguridad sin derechos: Crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción en El Salvador”, en el que documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, malos tratos y muertes bajo custodia estatal.
El régimen de excepción fue implementado el 27 de marzo de 2022 como respuesta al incremento de homicidios atribuidos a las pandillas y, desde entonces, ha sido prorrogado de forma continua por la Asamblea Legislativa.
Según Amnistía Internacional, más de 90,000 personas han sido detenidas durante este período. La organización sostiene que miles de capturas se realizaron sin orden judicial, sin acceso oportuno a defensa legal y con violaciones al debido proceso.
El informe también señala que familiares denunciaron desapariciones temporales, incomunicación y dificultades para conocer el paradero de los detenidos.
La investigación documenta testimonios de personas que denuncian torturas, condiciones inhumanas de detención y malos tratos en centros penitenciarios.
Asimismo, Amnistía señala que decenas de personas murieron mientras permanecían bajo custodia del Estado, casos que, según la organización, requieren investigaciones independientes, imparciales y transparentes.
La organización concluye que estas acciones podrían encajar en la definición de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional, al considerar que habrían sido parte de una política estatal sostenida.
Las recomendaciones de Amnistía Internacional
Entre sus principales recomendaciones, Amnistía Internacional pidió al gobierno salvadoreño:
- Restablecer plenamente las garantías constitucionales y el debido proceso.
- Investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia.
- Liberar a las personas detenidas arbitrariamente.
- Garantizar justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
La organización también instó a la comunidad internacional a mantener el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador.
El presidente Nayib Bukele y su gobierno han defendido el régimen de excepción, argumentando que la estrategia permitió reducir drásticamente los homicidios y recuperar el control de territorios dominados por las pandillas.
Las autoridades salvadoreñas han rechazado en ocasiones anteriores los señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos y sostienen que las medidas han devuelto la seguridad a millones de ciudadanos.
El informe de Amnistía Internacional reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en El Salvador. Mientras el gobierno defiende los resultados del régimen de excepción, organizaciones nacionales e internacionales continúan exigiendo investigaciones sobre las denuncias de abusos y garantías para las víctimas.
