Un informe de una ONG y el caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas reavivan las denuncias sobre las condiciones del sistema penitenciario venezolano.
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló que al menos 181 personas murieron bajo custodia del Estado venezolano durante 2025, una cifra que vuelve a poner en el centro del debate las condiciones del sistema penitenciario del país.
De acuerdo con la organización, 151 de los fallecimientos estuvieron relacionados con problemas de salud que, según denuncia, no recibieron atención médica adecuada. El resto de los casos incluyó hechos violentos, suicidios y circunstancias aún bajo investigación.
El informe señala que las cárceles y calabozos policiales continúan enfrentando problemas de hacinamiento, deficiencias sanitarias y limitaciones en el acceso a tratamientos médicos.
La ONG sostiene que muchas de las muertes pudieron evitarse con atención oportuna y mejores condiciones de reclusión. Las denuncias se producen mientras organizaciones nacionales e internacionales mantienen el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Venez.
Las preocupaciones aumentaron tras conocerse detalles sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón calificó de “alarmantes” los resultados de la autopsia divulgados por las autoridades. Según la información oficial, la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar, aunque familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han solicitado una investigación independiente y mayor transparencia sobre el caso.
La ONG considera que persisten interrogantes sobre las condiciones de salud y atención médica que recibió el detenido antes de su fallecimiento.
Las denuncias han generado nuevos llamados para que organismos internacionales y autoridades venezolanas revisen las condiciones de detención en el país.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la situación refleja problemas estructurales dentro del sistema penitenciario y exigen medidas para garantizar la integridad física y la atención médica de las personas privadas de libertad.
Mientras continúan las solicitudes de investigaciones independientes, organizaciones civiles piden mayor transparencia sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal y sobre el caso de Víctor Hugo Quero Navas. La atención ahora se centra en si las autoridades ofrecerán respuestas adicionales a los cuestionamientos planteados por familiares y defensores de derechos humanos.
