Un juez federal ordena permitir que los venezolanos deportados desafíen su expulsión, tras violaciones a su derecho al debido proceso.
Venezuela.- Un grupo de alrededor de 250 venezolanos deportados por Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador busca ahora impugnar su expulsión ante los tribunales estadounidenses, alegando que sus derechos al debido proceso fueron violados.
En marzo de 2025, la administración del presidente Donald Trump utilizó una ley de guerra del siglo XVIII —la Alien Enemy Act— para deportar a estos hombres, muchos acusados sin pruebas de pertenecer a la banda Tren de Aragua, sin audiencias ni procedimientos legales regulares.
El juez federal James Boasberg dictaminó que la deportación se realizó sin respetar las garantías procesales mínimas y ordenó a la administración presentar un plan en dos semanas para permitir que los deportados regresen a Estados Unidos y puedan disputar legalmente su expulsión.
Más de 200 de los hombres ya habían sido regresados a Venezuela en un intercambio de prisioneros pactado entre los gobiernos, pero buscan ahora la oportunidad de defenderse en tribunales estadounidenses y cuestionar las acusaciones de vínculos con pandillas que llevaron a su expulsión.
Familiares y abogados han criticado fuertemente el proceso, señalando que muchos de los deportados no tenían antecedentes criminales comprobados y fueron separados de sus familias sin opciones legales para impugnar su situación.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que estas deportaciones sin debido proceso constituyen graves violaciones a los derechos fundamentales y han instado a que se respete el acceso a audiencias judiciales para todos los afectados.
Los deportados y sus representantes han exigido que tanto los gobiernos de EE. UU. como el de El Salvador cumplan con la orden judicial y garanticen condiciones para una defensa legal adecuada.
Este caso marca un precedente clave en la defensa del debido proceso para migrantes deportados y plantea interrogantes sobre el uso de leyes antiguas para justificar expulsiones sin audiencias, en momentos en que la política migratoria estadounidense es objeto de intenso debate.
