El presidente Donald Trump firmó una ley que exige al Departamento de Justicia publicar documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein en un plazo de 30 días.
Trump promulga ley que obliga a revelar los archivos del caso Epstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una nueva ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a hacer públicos los archivos relacionados con el caso del convicto Jeffrey Epstein, según medios internacionales. La norma establece un plazo de 30 días para la publicación de documentos no clasificados, aunque se permiten ciertas excepciones para proteger a víctimas y procesos en curso.
Qué exige la nueva legislación
La ley —llamada Epstein Files Transparency Act— fue aprobada por el Congreso con un respaldo casi unánime: la Cámara de Representantes lo hizo con un voto de 427-1 y el Senado dio su visto bueno sin objeciones.
Esta normativa obliga al DOJ a publicar “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” relacionados con Epstein y su red de cómplices.
Sin embargo, la ley permite retener aquellos archivos que involucren víctimas en curso o que formen parte de investigaciones activas.
Contexto y reacciones
Durante meses, Trump se había negado a autorizar la divulgación total de los archivos, aunque finalmente dio marcha atrás bajo presión bipartidista.
La firma llega después de que víctimas y legisladores exigieran transparencia para esclarecer los vínculos de Epstein, así como la investigación de sus actividades y sus posibles conexiones con figuras poderosas.
Además, se espera que los documentos incluyan registros de vuelos, comunicaciones internas, acuerdos legales y nombres de personas que tuvieron relación con Epstein.
Limitaciones y dudas sobre la publicación
Aunque la ley exige la publicación de los documentos, expertos advierten que no garantiza la divulgación total, ya que hay excepciones legales que pueden usarse para retener o redactar información sensible.
Algunas de esas excepciones incluyen datos que podrían revelar identidades de víctimas o interferir con investigaciones federales activas.
El propio DOJ ha señalado que debe proteger la privacidad de las víctimas y garantizar que no se ponga en riesgo el éxito de procesos legales en curso.
