El presidente Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección para desplegar tropas y frenar las protestas contra ICE en Minneapolis, tras recientes tiroteos protagonizados por agentes federales.
El presidente Donald Trump advirtió este jueves que podría invocar la Ley de Insurrección para “poner fin” a las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, en medio de una creciente tensión tras dos tiroteos recientes protagonizados por agentes federales en la ciudad.
Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que un agente federal disparara a un inmigrante venezolano en la pierna durante un operativo migratorio, y una semana después de que otro agente matara a tiros a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense, hechos que han intensificado el enojo y el temor entre residentes y activistas.
Trump reiteró su postura en su red social Truth Social, donde acusó a líderes locales de no controlar a los manifestantes y afirmó que recurriría a la Ley de Insurrección —una norma federal poco utilizada que permite desplegar fuerzas armadas o federalizar la Guardia Nacional— si las autoridades estatales no restablecen el orden.
Protestas y despliegue federal
Las protestas se intensificaron el miércoles por la noche cerca del lugar del más reciente tiroteo, donde agentes federales con equipo antidisturbios utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que respondieron con piedras y fuegos artificiales. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, calificó la concentración como ilegal y ordenó a las personas abandonar el área.
Aunque la situación se calmó parcialmente durante la madrugada, las manifestaciones se han vuelto frecuentes desde el 7 de enero, cuando ocurrió la muerte de Good en el contexto de operativos migratorios ampliados en las llamadas Twin Cities.
Postura de autoridades locales y estatales
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, describió la situación como “insostenible” y señaló que el despliegue de alrededor de 600 agentes federales, una fuerza significativamente mayor que la policía local, ha generado temor y enojo entre los residentes. Afirmó que la ciudad intenta equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos civiles.
Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, sostuvo que la situación “ya no es solo un tema de aplicación de la ley migratoria”, sino una crisis que afecta a comunidades enteras y desafía la lógica del orden público.
Investigación y batallas legales
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que ha realizado más de 2,000 detenciones en Minnesota desde diciembre y aseguró que no dará marcha atrás en sus operativos. Sobre el tiroteo más reciente, el DHS indicó que el agente actuó en defensa propia tras ser atacado por varias personas; el inmigrante herido permanece hospitalizado con lesiones que no ponen en riesgo su vida.
En paralelo, Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul mantienen demandas en tribunales federales para frenar o limitar las operaciones migratorias, alegando posibles violaciones a la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. Una jueza federal otorgó al Departamento de Justicia un plazo para responder a las solicitudes, mientras se evalúan las tácticas empleadas por ICE contra manifestantes y observadores.
