La Ley Dignidad 2025, impulsada por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, ofrecería hasta siete años de protección y permiso de trabajo a inmigrantes sin vía a la ciudadanía.
WASHINGTON, D.C. – Dos congresistas latinas —la republicana María Elvira Salazar (Florida) y la demócrata Verónica Escobar (Texas)— reintrodujeron este lunes la Ley Dignidad 2025, una propuesta bipartidista que busca otorgar estatus legal temporal por hasta siete años a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de 2021. A cambio, los solicitantes deberán pagar una multa, someterse a inspecciones periódicas y cumplir con requisitos estrictos.
La iniciativa surge en un momento de tensión migratoria en el país, en medio de nuevas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y promesas de deportaciones masivas por parte del expresidente Donald Trump.
¿Qué incluye la Ley Dignidad 2025?
Protección temporal con obligaciones económicas
El proyecto de ley contempla:
- Permiso de trabajo y viaje por siete años, con posibilidad de renovación.
- Pago de una multa única de $7,000 dólares y un recargo sobre las nóminas.
- Presentación de antecedentes limpios, registro biométrico y cumplimiento de citas periódicas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Beneficios y limitaciones
- Los beneficiarios no tendrán acceso a beneficios federales ni asistencia pública.
- No se les otorgará residencia permanente ni ciudadanía, aunque podrán vivir y trabajar legalmente durante el periodo establecido.
Refuerzo de la seguridad fronteriza
La ley también propone medidas estrictas para controlar la inmigración ilegal:
- Expansión de infraestructura física y tecnológica en la frontera sur.
- Contratación de más agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
- Uso obligatorio de E-Verify para empleadores en todo el país, a fin de verificar el estatus legal de sus trabajadores.
Contexto político y económico
La congresista Salazar destacó que el proyecto ofrece una vía práctica para regularizar a millones de personas sin usar la palabra “amnistía”, lo que —según ella— podría facilitar el respaldo republicano.
“Durante 40 años, todos han ignorado esta crisis. Esta ley ofrece una solución responsable, sin atajos ni regalos, solo trabajo y cumplimiento”, afirmó Salazar.
Escobar, por su parte, subrayó la importancia del proyecto para sectores económicos como la agricultura y los servicios alimentarios, gravemente afectados por la escasez de mano de obra y los operativos migratorios.
Próximos pasos legislativos
La Ley Dignidad 2025 fue enviada al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde las congresistas intentarán sumar copatrocinadores republicanos clave antes del receso legislativo de agosto.
Expertos anticipan un debate intenso sobre el costo de las medidas de vigilancia fronteriza, la implementación nacional del sistema E-Verify y la viabilidad de ofrecer protección sin una vía a la ciudadanía.
