La ciudad de New Orleans presentó una demanda contra Luisiana tras ser acusada de violar las leyes estatales sobre cámaras de tráfico escolar. El caso podría definir el futuro de $1.4 millones en multas de tránsito.
La demanda contra el estado
La Ciudad de New Orleans presentó una demanda en la Corte del 19º Distrito Judicial de East Baton Rouge desafiando la validez de las leyes estatales que regulan las cámaras de tránsito en zonas escolares. Estas normas, aprobadas en 2024, obligan a los municipios a compartir los ingresos de las multas con los distritos escolares locales y prohíben emitir sanciones sin un acuerdo de reparto de ingresos vigente.
El fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, acusó a la ciudad de violar la ley y advirtió que podría abrir una investigación criminal si New Orleans no devuelve los fondos recaudados. Según la fiscal, las multas emitidas entre mayo de 2024 y marzo de 2025, que suman aproximadamente $1.4 millones, se cobraron de manera ilegal.
El trasfondo legal
En su demanda, New Orleans sostiene que las leyes estatales exceden la autoridad del estado y violan el Home Rule Charter, que otorga autonomía a la ciudad en la gestión de sus asuntos locales. La administración municipal argumenta que el estado debe demostrar que las regulaciones son necesarias y que protegen un interés vital.
La ciudad también cuestiona los nuevos requisitos de señalización en las zonas escolares, como franjas amarillas de dos pies con la leyenda “Entering school zone”, que difieren de las normas federales y, según la demanda, podrían poner en riesgo la obtención de fondos federales para transporte.
Acuerdo pendiente con la Junta Escolar
El Consejo de la Ciudad y la Junta Escolar de Orleans discutieron un acuerdo para dividir las multas en una proporción 60-40, a favor de la ciudad. Aunque la Junta Escolar aprobó una versión modificada en agosto, con sanciones por pagos atrasados, el acuerdo aún no ha sido ratificado por el Consejo de la Ciudad.
Mientras tanto, New Orleans afirma que no activó las cámaras al inicio del ciclo escolar 2025-26, aunque mantuvo en custodia los ingresos de multas del año pasado.
Lo que está en juego
Si la ciudad pierde la demanda, podría estar obligada a devolver millones en multas a conductores multados en zonas escolares sin un acuerdo válido. Además, funcionarios municipales podrían enfrentar cargos por malversación si continúan recaudando fondos antes de formalizar un pacto con la Junta Escolar.
