Tras más de una década bajo supervisión federal, una jueza ordenó el fin del decreto de consentimiento que regulaba y reformaba al Departamento de Policía de New Orleans.
Termina la supervisión federal del Departamento de Policía de New Orleans
Después de más de 12 años bajo supervisión federal, el Departamento de Policía de New Orleans (NOPD) dejó oficialmente de estar bajo un decreto de consentimiento, luego de que la jueza federal Susie Morgan aprobara este miércoles la petición conjunta del gobierno local y del Departamento de Justicia (DOJ) para poner fin a la intervención.
La decisión marca el cierre de una de las reformas policiales más extensas en la historia reciente de Estados Unidos.
Un proceso que transformó al NOPD
El decreto de consentimiento fue instaurado en 2012, tras una investigación del DOJ que encontró un patrón de violaciones de derechos civiles y prácticas policiales deficientes en el NOPD.
Aprobado en enero de 2013, el acuerdo exigía al departamento cumplir 492 puntos de reforma, incluyendo:
- políticas internas,
- entrenamiento y uso de fuerza,
- supervisión,
- manejo de evidencia,
- disciplina y transparencia.
Durante más de una década, los avances fueron supervisados por monitores federales con acceso total a registros, personal y operaciones.
La jueza Morgan afirmó:
“El NOPD es ahora una agencia transformada y un modelo para otras ciudades.”
Autoridades locales celebran el fin del decreto
La fiscal de la ciudad, Donesia Turner, destacó que se trata de “un hito significativo”.
La superintendente Anne Kirkpatrick felicitó al departamento por su progreso, asegurando que los oficiales “verdaderamente lo lograron”.
Por su parte, los monitores federales —incluyendo al abogado Jonathan Aronie— expresaron confianza en la continuidad de las reformas sin supervisión externa.
Debate sobre el costo del decreto
El costo total del monitoreo ha generado controversia:
- La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, afirmó que el decreto costó a la ciudad más de $100 millones.
- La jueza Morgan rechazó esa cifra, estimando el costo real en alrededor de $20.7 millones, y retó a las autoridades a presentar evidencia de lo contrario.
Morgan señaló:
“Si creen que el costo de la vigilancia constitucional es alto, intenten el costo de una policía inconstitucional.”
Fin anticipado del periodo de transición
Aunque el decreto exigía mantener dos años de cumplimiento total antes de su finalización, el DOJ y el NOPD argumentaron que el departamento demostró suficiente estabilidad y cumplimiento para concluir el proceso antes del plazo completo.
El exalcalde Mitch Landrieu fue quien solicitó la intervención federal en 2010, tras revelaciones de violaciones de derechos civiles y mala conducta policial.
