Un memorando interno de ICE permite a los agentes entrar por la fuerza a viviendas usando solo órdenes administrativas, según documentos obtenidos por AP. Defensores advierten que la medida viola la Cuarta Enmienda.
Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fechado en mayo de 2025 y obtenido por The Associated Press (AP), autoriza a los agentes migratorios a entrar por la fuerza a residencias privadas para arrestar a personas con órdenes definitivas de deportación, aun sin una orden firmada por un juez.
El documento —firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons— instruye que los agentes pueden basarse únicamente en una orden administrativa (I-205) para realizar detenciones dentro de viviendas. Aunque el memorando exige que los agentes toquen la puerta, se identifiquen y expliquen el motivo de su presencia, también les permite usar fuerza “razonable” para entrar si el residente se niega, siempre entre 6:00 a.m. y 10:00 p.m.
Durante años, abogados, gobiernos locales y organizaciones comunitarias han recomendado no abrir la puerta a ICE si no presentan una orden judicial, ya que la Cuarta Enmienda protege contra registros y allanamientos sin autorización de un juez. La nueva directriz, según defensores de inmigrantes, contradice esa protección y los materiales de capacitación vigentes.
La medida coincide con la expansión de operativos de deportación bajo la administración Trump, que ha desplegado miles de agentes en ciudades de todo el país. AP documentó al menos un caso en Minneapolis en el que agentes irrumpieron en una vivienda con solo una orden administrativa.
Un denunciante, representado por Whistleblower Aid, señaló que el memorando no se difundió ampliamente, pero sí se usa para entrenar a nuevos agentes, incluso cuando contradice manuales escritos del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La organización calificó la política como una “ruptura total con la ley”.
El DHS defendió la práctica al señalar que quienes reciben órdenes administrativas ya cuentan con debido proceso y una orden final de expulsión, y que el Congreso y la Corte Suprema han reconocido el uso de estas órdenes en inmigración. Sin embargo, no aclaró cuántas veces se ha ingresado a hogares bajo esta directriz ni su frecuencia.
Expertos legales anticipan impugnaciones judiciales, ya que solo una orden firmada por un juez autoriza a las fuerzas del orden a entrar en propiedades privadas sin consentimiento. La controversia reabre el debate sobre derechos constitucionales, aplicación migratoria y límites del poder gubernamental.
