Los proyectos SB 100 y SB 15 buscan aumentar el control migratorio desde el nivel estatal y esperan ser firmados por el gobernador Jeff Landry esta semana.
BATON ROUGE, Louisiana — La legislatura estatal de Luisiana ha aprobado dos proyectos de ley considerados entre los más agresivos del país en materia de inmigración. Las propuestas legislativas, SB 100 y SB 15, apuntan a reforzar la cooperación entre el estado y las autoridades federales de inmigración. Ambos proyectos ya fueron enviados al gobernador Jeff Landry, quien se espera los firme antes del fin de semana.
¿Qué establecen los nuevos proyectos de ley migratorios?
SB 100: Verificación obligatoria de estatus migratorio en servicios públicos
Esta ley exige que agencias estatales como Salud, Educación, Correcciones, Servicios para Niños y Familias, Vehículos Motorizados y universidades:
- Verifiquen el estatus migratorio de todas las personas que soliciten servicios.
- Publiquen anualmente el número de personas indocumentadas y menores no acompañados atendidos, junto con el costo económico para el estado.
- Pierdan financiamiento estatal si no cumplen con los requisitos de reporte.
Contexto: Este proyecto codifica una orden ejecutiva emitida por el gobernador Landry en enero de 2024.
Votación: Aprobado en la Cámara 74‑27.
¿Qué establecen los nuevos proyectos de ley migratorios?
Este proyecto modifica la ley penal de Luisiana para incluir nuevas sanciones contra funcionarios y ciudadanos que interfieran con el cumplimiento de las leyes migratorias federales. Establece que:
- Alguaciles, policías, jueces y carceleros que se nieguen a colaborar con ICE o no retengan a detenidos con órdenes migratorias podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.
- Civiles que interfieran en procesos migratorios podrían recibir hasta un año de cárcel.
- Funcionarios públicos que incumplan enfrentan penas de hasta 6 meses y multas de hasta $1,000.
Votación: Aprobado en el Senado 28‑10 y en la Cámara 71‑30.
Controversia y posibles conflictos legales
Diversas organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes han criticado las propuestas. Señalan que SB 100 podría disuadir a inmigrantes —incluso con estatus legal— de buscar atención médica, refugio o ayuda básica por temor a ser identificados y reportados.
Por otro lado, SB 15 entra en posible conflicto con mandatos federales. En jurisdicciones como la Parroquia de Orleans, los alguaciles tienen prohibido colaborar con ICE por orden de una corte federal. Esta diferencia podría desencadenar demandas legales y choques de jurisdicción entre el estado y el gobierno federal.
Próximos pasos: entrada en vigor en 2025
Ambos proyectos ya fueron aprobados por la Cámara y el Senado y se encuentran en el escritorio del gobernador. De firmarse esta semana, entrarán en vigor el 1 de agosto de 2025, marcando un endurecimiento significativo en la postura migratoria del estado.
