Una jueza federal en California prolongó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 50,000 inmigrantes de Honduras y Nicaragua, cuyas protecciones expiraban en septiembre.
Jueza en California amplía el TPS para más de 50,000 centroamericanos
Una jueza federal en California extendió este jueves el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 inmigrantes, incluidos 51,000 hondureños y cerca de 3,000 nicaragüenses, que residen y trabajan legalmente en Estados Unidos desde hace más de dos décadas.
¿Qué es el TPS y quiénes se benefician?
El TPS (Temporary Protected Status) es un programa migratorio que impide la deportación de personas procedentes de países afectados por desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias. Este estatus también otorga permiso de trabajo legal en EE.UU., pero no conduce a la residencia permanente.
Las protecciones para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal estaban próximas a expirar entre agosto y septiembre de 2025, luego de haber sido otorgadas tras desastres naturales como el huracán Mitch en 1998. Según el Gobierno, estos países han logrado avances significativos que justificarían el fin de estas designaciones.
Decisión judicial frena política de eliminación
La jueza falló en contra de la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien había determinado que las condiciones en los países de origen ya no justificaban la protección. La extensión del TPS representa un revés para la Administración Trump, que ha buscado reducir o eliminar este tipo de protecciones.
Según los abogados de la Alianza Nacional TPS, las decisiones de Noem no se basaron en evidencia objetiva, sino en motivos políticos y discriminatorios. También señalaron que el plazo para abandonar el país —apenas dos meses— era insuficiente y violaba los procedimientos tradicionales.
“Les dieron dos meses para abandonar el país. Es horrible”, afirmó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes.
Un patrón de eliminación de protecciones migratorias
La revocación del TPS forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la administración actual para restringir protecciones migratorias, afectando también a venezolanos, haitianos, ucranianos, afganos y cameruneses.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la autoridad para otorgar o revocar el TPS recae únicamente en el Ejecutivo y responde a objetivos de política exterior y control migratorio.
“No está destinado a ser permanente”, declaró el abogado William Weiland.
