Un juez dictó arresto domiciliario para el exministro hondureño José Carlos Cardona y cuatro exempleados por presunto fraude en Sedesol; expresidente Zelaya niega vínculos.
Tegucigalpa, Honduras. Un juez natural dictó arresto domiciliario con vigilancia policial para el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras (SEDESOL), José Carlos Cardona Erazo, y otros cuatro exempleados, tras determinar que enfrentan 67 delitos de fraude vinculados al presunto desvío de fondos públicos destinados a programas sociales.
La medida cautelar fue adoptada este martes durante la audiencia de declaración de imputados, en la que también comparecieron varios coacusados que enfrentan cargos similares por su posible participación en la trama de malversación. La audiencia inicial del caso se ha programado para el 6 de febrero de 2026.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó el requerimiento fiscal que imputa a los acusados por más de seis millones de lempiras (aproximadamente 228 000 dólares) de fondos públicos que, según las investigaciones, fueron utilizados de forma irregular y en perjuicio de la administración estatal.
Este caso judicial —que ha sido denominado “Chequesol” en la cobertura mediática— se originó tras la filtración de documentos y videos que supuestamente revelaron irregularidades administrativas en el manejo de recursos del Fondo de Administración Solidaria, mecanismo bajo la gestión de SEDESOL.
En medio de la atención pública, el expresidente Manuel Zelaya Rosales ha negado públicamente tener cualquier vinculación con actos de corrupción en Sedesol o con la detención de Cardona, y ha insistido en que el debido proceso y la presunción de inocencia deben prevalecer para todas las personas implicadas en el expediente. (Nota: esta declaración del expresidente fue reportada en medios locales sin publicación oficial de texto completo).
Al salir de la audiencia, Cardona afirmó que no teme enfrentar la justicia y negó los cargos en su contra, atribuyendo el proceso a motivaciones políticas y asegurando que las supuestas irregularidades ocurrieron sin su intención o conocimiento.
Organizaciones civiles como el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) han criticado la actuación de la Fiscalía, señalando que la postura fiscal fue débil al sustentar el requerimiento, lo que, según ellos, pudo influir en que el juez optara por medidas cautelares como el arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva para los acusados presentes.
Mientras tanto, órdenes de captura permanecen vigentes contra otros implicados que no comparecieron, incluyendo a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, también acusada en el mismo expediente. Las autoridades de migración han activado alertas para impedir que los señalados salgan del país por cualquier vía (aérea, terrestre o marítima) mientras continúa el proceso judicial.
El caso Sedesol se ha convertido en una de las investigaciones por presunta corrupción más relevantes en Honduras en años recientes, planteando interrogantes sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y la fortaleza del sistema judicial para resolver expedientes de alto perfil político.
