La alcaldesa electa y otros representantes piden transparencia y respeto a la comunidad de New Orleans.
New Orleans, Louisiana.
La alcaldesa electa y actual vicepresidenta del Concejo Municipal de New Orleans, Helena Moreno, encabezó este jueves una conferencia de prensa junto a líderes comunitarios, empresariales y de fe para exigir transparencia, legalidad y respeto a los derechos civiles en el operativo migratorio “Catahoula Crunch”, implementado en la región por agentes de Border Patrol e ICE.
Moreno estuvo acompañada por el congresista Troy Carter, el expresidente municipal y actual director del National Urban League, Mark Morial, miembros del Concejo de la ciudad y representantes de organizaciones como ISLA, la ACLU y la Hispanic Chamber of Commerce.
La funcionaria afirmó que la operación federal ha provocado temor generalizado, cierres de negocios, trabajadores que no están asistiendo a sus empleos y un impacto económico negativo en la ciudad.
Cinco exigencias al gobierno federal
El Concejo Municipal envió una carta oficial al comandante de Border Patrol, Gregory Bovino, solicitando cinco medidas inmediatas:
1. Transparencia y reportes públicos
Exigen informes regulares con datos sobre detenciones, órdenes judiciales, causas legales y cumplimiento de derechos civiles. Quieren conocer cuántas personas han sido detenidas dentro de la ciudad y si realmente tienen antecedentes violentos, tal como afirman las autoridades federales.
Moreno cuestionó la narrativa de que la operación busca únicamente “violadores, pedófilos y asesinos”, señalando que la falta de datos genera dudas sobre si en realidad se está lanzando una red mucho más amplia.
2. Respeto al debido proceso
El Concejo demanda que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, tengan acceso a representación legal, notificación clara de sus derechos y que no existan detenciones sin órdenes o causa probable válida.
3. Identificación clara de agentes
Pidieron que agentes federales no usen máscaras ni cubran su identidad, y que porten identificación visible. Moreno explicó que esto protege tanto a la comunidad como a los propios agentes.
4. Garantías contra el perfilamiento racial
Solicitan que el gobierno federal asegure que ninguna detención se base en raza, idioma, origen nacional o aparente estatus migratorio, y exigen datos demográficos para identificar posibles patrones de discriminación.
5. Consideraciones humanitarias
Las autoridades locales también piden que los detenidos tengan acceso a medicinas, atención médica, interpretación en su idioma y notificación a sus familias.
Organizaciones comunitarias denuncian perfilamiento y abusos
ISLA (Immigration Services & Legal Advocacy)
El director legal Omero López calificó la operación como “una desgracia”, asegurando que sus clientes y la comunidad están siendo detenidos de forma indiscriminada:
“Están buscando un número, tienen un cupo de 5,000 detenciones, y van a llenar ese número sin importar categorías.”
Afirmó que se está arrestando a personas solo “por su color de piel, por hablar español y por trabajar en ciertos sectores”.
Hispanic Chamber of Commerce of Louisiana
La presidenta Mayra Pineda destacó el impacto económico y emocional:
- negocios cerrados,
- centros comerciales vacíos,
- trabajadores ausentes,
- familias con miedo de salir de casa.
“Hay empresas que aún se recuperan de COVID, y ahora otra vez están luchando por sobrevivir.”
ACLU de Louisiana
La abogada Sarah Whittington denunció “cacerías” y falta total de responsabilidad:
“Trabajadores han sido perseguidos, apuntados con rifles y perfilados por el color de su piel.”
La ACLU recordó que demandó al fiscal general estatal por Act 399, un intento de criminalizar cualquier acción que pareciera interferir con operativos migratorios. La demanda obligó al estado a aclarar por escrito que la ley no puede aplicarse a discursos o actividades protegidas por la Primera Enmienda.
Un mensaje final: la ciudad exige respeto
Moreno cerró afirmando que New Orleans es una ciudad de inmigrantes, con una identidad construida por comunidades diversas:
“Nuestros pedidos son simples: comunicación, transparencia, responsabilidad y respeto a los derechos constitucionales. No estamos pidiendo demasiado.”
La alcaldesa electa dijo que la ciudad continuará presionando hasta obtener explicaciones claras y garantías de que los operativos no seguirán poniendo en riesgo a familias trabajadoras, estudiantes y negocios locales.
