Familias de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago demandan al Gobierno de Trump por la muerte de sus familiares en ataques militares de EE.UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

Familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago que murieron durante ataques militares de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe presentaron una demanda federal contra el Gobierno del expresidente Donald Trump, acusándolo de homicidio culposo y ejecuciones extrajudiciales.
La acción legal, presentada en una corte federal de Washington, marca la primera demanda de este tipo contra la Administración Trump relacionada con su campaña antidrogas en aguas internacionales. Los demandantes aseguran que las víctimas no estaban involucradas en actividades criminales y que el uso de fuerza letal fue ilegal.
Según la demanda, Chad Joseph, de 26 años, y Rushi Samaroo, de 46, murieron el 14 de octubre de 2025 cuando la embarcación en la que viajaban fue atacada por fuerzas estadounidenses mientras se dirigían desde Venezuela hacia Trinidad. Sus familiares sostienen que ambos hombres trabajaban en actividades agrícolas y de pesca en Venezuela y regresaban a sus hogares cuando ocurrió el ataque.
El Gobierno estadounidense afirmó en su momento que la embarcación estaba vinculada al narcotráfico y calificó a los ocupantes como “narcoterroristas”, sin presentar evidencia pública que respaldara esa acusación. Las autoridades de Trinidad y Tobago, citadas en la demanda, aseguraron que no existe información que vincule a las víctimas con drogas o armas ilegales.
La querella legal argumenta que los ataques violaron el derecho internacional y la Constitución de Estados Unidos, al no existir un conflicto armado declarado que justifique el uso de fuerza letal. También señala que las familias no fueron notificadas oficialmente sobre las muertes y que los cuerpos nunca fueron entregados.
El documento invoca la Ley de Muertes en Alta Mar y el Estatuto de Agravios contra Extranjeros, que permiten a ciudadanos extranjeros demandar al Gobierno estadounidense por presuntas violaciones graves al derecho internacional. La demanda cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos civiles, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Desde septiembre de 2025, el Departamento de Defensa ha reconocido ataques contra decenas de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental como parte de una ofensiva antidrogas, que habría dejado más de un centenar de muertos. La demanda cuestiona la legalidad de estas operaciones y busca que el Gobierno rinda cuentas por las muertes ocurridas.
Hasta el momento, la Casa Blanca y el Pentágono no han emitido comentarios sobre la demanda.




