El Gobierno de EE.UU. se disculpó ante un tribunal por deportar por error a una estudiante universitaria, pese a existir una orden judicial que impedía su expulsión del país.
El Gobierno de Estados Unidos reconoció ante una corte federal que cometió un “error” al deportar a una estudiante universitaria de Massachusetts, pese a que existía una orden judicial de emergencia que instruía detener su expulsión del país.
El caso involucra a Any Lucía López Belloza, una estudiante de 19 años de Babson College, quien fue detenida el 20 de noviembre en el aeropuerto de Boston cuando intentaba volar para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Dos días después, fue deportada a Honduras, aun cuando un juez federal había ordenado mantenerla en Estados Unidos durante al menos 72 horas mientras se revisaba su situación legal.
Durante una audiencia en una corte federal de Boston, abogados del Gobierno admitieron que se violó la orden judicial debido a un error administrativo dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según los documentos presentados, un agente creyó erróneamente que la orden ya no aplicaba una vez que la estudiante había salido de Massachusetts y no activó los sistemas internos que habrían detenido la deportación.
“En nombre del gobierno, queremos disculparnos sinceramente”, expresó el fiscal auxiliar Mark Sauter, quien calificó lo ocurrido como un error involuntario y no como un acto intencional de desacato judicial.
Actualmente, López Belloza se encuentra en Honduras con familiares, no está detenida y continúa sus estudios universitarios de manera remota. Su abogado argumentó que la deportación se realizó en clara violación del debido proceso y solicitó que se permita su regreso a Estados Unidos para completar sus estudios mientras se reabre su caso migratorio.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la deportación fue legal, al señalar que existía una orden de expulsión emitida en 2016 por un juez de inmigración, ratificada en apelación un año después. Sin embargo, el juez federal calificó el caso como un “error burocrático trágico” y reconoció que la estudiante fue víctima directa de esa falla.
Este caso se suma a otros episodios recientes en los que tribunales han cuestionado deportaciones realizadas pese a órdenes judiciales vigentes, reavivando el debate sobre el respeto al debido proceso en los operativos migratorios en Estados Unidos.
