Cuatro jefes policiales en el centro de Luisiana fueron acusados de fraude migratorio y sobornos, tras una investigación federal que reveló un esquema de visas falsas para extranjeros.
Un escándalo de corrupción ha estremecido a tres zonas de Louisiana tras la acusación federal contra cuatro jefes policiales por su presunta participación en un esquema de fraude migratorio y sobornos. La acusación formal, de 62 cargos, fue presentada la semana pasada y detalla una red de documentos falsificados, sobornos en efectivo y visas fraudulentas otorgadas a extranjeros.
Los implicados son los jefes de policía de Oakdale, Glenmora y Forest Hill, junto con el alguacil de la ciudad de Oakdale. Todos se declararon no culpables el jueves en una corte federal de Alexandria. Uno de ellos, el jefe de Forest Hill, Glynn Dixon, renunció a su cargo el viernes.
Visa por testimonio: un esquema de corrupción migratoria
De acuerdo con los fiscales, los oficiales habrían aceptado dinero en efectivo de Chandrakant “La La” Patel, un empresario local dueño de una franquicia de comida rápida y dos tiendas de conveniencia. A cambio, habrían emitido reportes policiales falsos que describían a inmigrantes como víctimas o testigos de delitos cooperando con la justicia, permitiéndoles calificar para visas especiales bajo las leyes migratorias estadounidenses.
Los documentos judiciales indican que la mayoría de los beneficiados no residían en Luisiana y provenían, en su mayoría, de la India. Sin embargo, las autoridades federales no han revelado detalles sobre sus identidades ni su paradero actual.
Impacto en la comunidad
El escándalo ha generado indignación en Oakdale, Glenmora y Forest Hill, tres localidades conectadas por la autopista U.S. Route 165. La imagen de funcionarios electos siendo escoltados con esposas ha provocado un fuerte impacto en estas comunidades rurales.
“Money is the root of all evil,” dijo Ann Odom, residente de Oakdale y dueña de una tienda local, al reflexionar sobre el caso. La comunidad aún intenta asimilar la magnitud del fraude, que posiciona a los condados de Allen y Rapides como epicentro de una red de corrupción migratoria.
El fiscal federal interino del distrito oeste de Luisiana, Alexander Van Hook, aseguró que espera que el caso tenga repercusiones a nivel nacional: “Está alineado con las prioridades del presidente Trump”, declaró.
