Louisiana se ha convertido en uno de los principales centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos… y ahora, esas detenciones están generando un aumento histórico de demandas en las cortes federales del estado. La administración del presidente Donald Trump insiste en que solo está cumpliendo la ley. Pero abogados y familias afectadas dicen que el sistema está llegando a un punto de crisis.
En los meses previos a que Trump asumiera la presidencia, solo 23 inmigrantes detenidos por ICE en Louisiana habían presentado demandas de habeas corpus, alegando detención ilegal. Pero desde enero, cuando Trump tomó posesión, hasta el primero de noviembre… esa cifra se disparó a por lo menos 95 peticiones, según una revisión de documentos judiciales.
Un hombre pakistaní con esposa e hijos estadounidenses que fue detenido tras un error en la frontera; un camionero ucraniano arrestado mientras hacía una entrega en una base militar; y hasta un ciudadano ruso que se opuso a la guerra en Ucrania y pasó más de un año y medio en custodia mientras su caso de asilo avanzaba.
La administración Trump niega cualquier ilegalidad. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró en un comunicado que “cualquier insinuación de detenciones ilegales es otro ataque de los medios”.
Añadió que el aumento de demandas es la consecuencia natural de reforzar las leyes migratorias y poner fin a lo que llaman la política de “captura y liberación”.
Pero los abogados de inmigración ven otro panorama. Dicen que el gobierno está aplicando tácticas más agresivas: desde presionar para deportar personas a terceros países, hasta mantener detenidos por meses—o incluso más tiempo— a quienes no pueden ser deportados a su país de origen por razones humanitarias.
Louisiana, el segundo estado con más detenidos después de Texas, alberga unas 7 mil personas en nueve centros de ICE. Muchas de ellas reportan sentir que su detención es indefinida porque no reciben respuestas claras sobre cuándo serán liberadas o deportadas.
En una carta presentada ante la corte, un contratista afgano que trabajó con el ejército estadounidense suplicó ser enviado a cualquier país latinoamericano antes que regresar a Afganistán. Él permanece detenido desde mayo de 2024.
