La ACLU presentó una demanda contra ICE y el gobierno federal, alegando que inmigrantes detenidos en la prisión de Angola en Louisiana sufren condiciones inhumanas y castigos ilegales bajo detención migratoria.
Demanda federal contra ICE por condiciones en prisión de Angola
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda federal en Baton Rouge contra el gobierno de Estados Unidos, acusando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de castigar ilegalmente a inmigrantes detenidos en la Prisión Estatal de Louisiana, conocida como Angola, una instalación con un pasado marcado por abusos y condiciones extremas.
Según la ACLU, los detenidos fueron enviados a un complejo carcelario descrito por las autoridades como “el peor de los peores”, donde enfrentan condiciones inhumanas, agua contaminada y falta de insumos básicos como papel higiénico, productos de higiene y atención médica adecuada.
Acusaciones de castigo doble e indefinido
La demanda sostiene que ICE está castigando dos veces a personas que ya cumplieron su condena penal, violando la cláusula de doble incriminación establecida por la Constitución de EE. UU.
Los abogados de la ACLU argumentan que el uso de Angola —un antiguo campo de trabajo esclavo convertido en prisión de máxima seguridad— busca “infligir sufrimiento y miedo” a los inmigrantes, bajo el discurso de seguridad pública promovido por la administración del presidente Donald Trump.
La organización también señala que varios detenidos han iniciado huelgas de hambre para exigir condiciones básicas de vida y que algunos deberían ser puestos en libertad, ya que el gobierno no logró deportarlos dentro del plazo de seis meses establecido por la Corte Suprema en 2001.
El caso de referencia: Oscar Hernández Amaya
El recurso legal fue interpuesto en nombre de Oscar Hernández Amaya, un hombre hondureño de 34 años que ha estado bajo custodia de ICE durante dos años.
Amaya fue trasladado el mes pasado desde un centro en Pensilvania al nuevo complejo conocido como “Louisiana Lockup”, dentro del terreno de Angola.
El demandante obtuvo protección bajo la Convención Contra la Tortura, que le impide ser deportado a Honduras, pero las autoridades estadounidenses no han logrado ubicar otro país dispuesto a recibirlo, lo que ha prolongado su detención sin justificación legal.
Antecedentes del centro “Louisiana Lockup”
El gobierno federal y el estado de Luisiana anunciaron en septiembre la reapertura parcial del complejo de Angola para albergar hasta 400 detenidos migratorios.
El Departamento de Seguridad Nacional describió la instalación como una medida disuasoria para quienes se encuentren ilegalmente en el país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a la prisión como un sitio destinado a “los más peligrosos delincuentes”, mientras que autoridades estatales defendieron la decisión y calificaron las críticas como “una narrativa falsa”.
Angola, sin embargo, ha sido históricamente señalada por violaciones de derechos humanos, confinamiento prolongado en celdas de aislamiento y falta de acceso a atención médica. El complejo fue apodado “la prisión más sangrienta de Estados Unidos” por su historial de violencia y abusos.
Contexto nacional y expansión del sistema de detención migratoria
El uso de Angola como centro de detención se enmarca en una expansión nacional del sistema migratorio impulsada durante el mandato de Trump, que busca detener hasta 100,000 personas bajo un presupuesto federal de 45 mil millones de dólares aprobado en julio.
Otras instalaciones similares han sido inauguradas o ampliadas en distintos estados, como la llamada “Alligator Alcatraz” en Florida, la “Speedway Slammer” en Indiana y la “Cornhusker Clink” en Nebraska.
La ACLU argumenta que esta política convierte la detención migratoria —que debe ser administrativa y no punitiva— en un mecanismo de castigo prolongado, contrario a las decisiones judiciales federales y a los principios de derechos humanos.
