Estados Unidos planea ampliar sus actividades militares contra el narcotráfico en América Latina mediante ejercicios de entrenamiento con fuerzas locales y una mayor coordinación regional. Según funcionarios militares estadounidenses citados en un reporte publicado el 14 de octubre, los planes contemplan la participación de cientos de soldados de la 10.ª División de Montaña del Ejército, con sede en Fort Drum, Nueva York.

Sin embargo, la cifra y el alcance del despliegue en Panamá están en disputa. La Embajada de Estados Unidos en ese país negó que se estén enviando 600 soldados a territorio panameño y afirmó que actualmente hay 120 militares estadounidenses participando en un curso temporal de entrenamiento en la selva.
¿Qué se sabe del despliegue militar?
Según los funcionarios militares citados en el reporte, los planes contemplan que integrantes de la 10.ª División de Montaña participen en ejercicios con fuerzas locales en Panamá, Colombia y Honduras. También incluirían personal para un nuevo centro de mando de operaciones del hemisferio occidental, con sede en Miami.
El reporte señala que los primeros integrantes de un batallón de aproximadamente 600 soldados comenzaron a trasladarse a una instalación de entrenamiento en la selva de Panamá. No obstante, la embajada estadounidense rechazó esa descripción del despliegue en el país centroamericano.
En un comunicado, la representación diplomática indicó que los 120 militares que participan en el curso de entrenamiento tienen previsto concluirlo el 25 de octubre y regresar a su base en Nueva York. Añadió que el entrenamiento se realiza por invitación del Gobierno panameño y con instructores de ambos países.
Una campaña regional contra el narcotráfico
Los planes reportados forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno del presidente Donald Trump para intensificar la presión militar contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, creó una oficina en el Pentágono para ayudar a supervisar las actividades militares contra los carteles. Además, en agosto, el Comando Sur de Estados Unidos anunció la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental para coordinar operaciones con aliados regionales.
El reporte también señala que Estados Unidos trasladó drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador para ampliar sus capacidades de vigilancia y operación en la región.
Según cifras atribuidas a funcionarios militares estadounidenses, durante una campaña de aproximadamente un año las fuerzas del país realizaron 71 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que dejaron al menos 239 muertos. Washington ha señalado a esas personas como presuntos traficantes de drogas, pero no ha presentado públicamente pruebas que permitan verificar todas esas acusaciones.
Preocupación por la soberanía y las víctimas civiles
La ampliación de las operaciones militares estadounidenses ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Entre los principales cuestionamientos están el respeto a la soberanía de los países latinoamericanos, el riesgo de víctimas civiles y la falta de claridad sobre los objetivos y los límites de la campaña.
Los ejercicios conjuntos y las operaciones militares dentro de otros países dependen de acuerdos y autorizaciones con los gobiernos correspondientes. Colombia y Honduras figuran entre los países que, según el reporte, han aceptado colaborar con Estados Unidos en operaciones conjuntas dentro de sus territorios.
Expertos también cuestionan si los ataques militares pueden reducir de manera sostenida el tráfico de drogas. Advierten que, incluso cuando se elimina a integrantes de organizaciones criminales, otros pueden reemplazarlos y mantener sus operaciones.
La posibilidad de ampliar los ataques desde el mar hacia objetivos terrestres plantea riesgos adicionales, incluidos daños a infraestructura civil y afectaciones a comunidades que no participan en actividades criminales.
Un despliegue en medio de otras tensiones militares
Los planes reportados surgen mientras la guerra de Estados Unidos contra Irán mantiene bajo presión los recursos militares del país, incluidos aviones, buques, drones y municiones. Algunos funcionarios estadounidenses han expresado preocupación por la posibilidad de que una escalada en América Latina comprometa aún más la capacidad militar en otras regiones.
El Pentágono no ha ofrecido detalles adicionales sobre todos los movimientos descritos en el reporte. La información disponible tampoco permite confirmar que los 600 soldados mencionados vayan a permanecer o desplegarse en Panamá en los términos señalados.
La evolución de los planes dependerá de las decisiones militares y de los acuerdos con los gobiernos de la región. Mientras tanto, la diferencia entre el despliegue regional reportado y la cifra reconocida por la embajada estadounidense en Panamá sigue siendo un punto central de la controversia.




