Nueva York y otras jurisdicciones demandan a la Administración Trump para intentar bloquear los cambios a la regla de carga pública para inmigrantes.
NUEVA YORK. — Nueva York y otras ciudades y estados presentaron este lunes acciones legales contra la Administración del presidente Donald Trump para intentar frenar los nuevos cambios a la llamada regla de “carga pública”, que amplían los factores que funcionarios migratorios pueden considerar al evaluar a ciertos solicitantes de residencia permanente o admisión a Estados Unidos.
Entre las ciudades que participan en la impugnación se encuentran Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle. Por separado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza otra acción junto con otras jurisdicciones contra la política federal.
La disputa ocurre a pocos días de la fecha prevista para que los cambios entren en vigor: 18 de septiembre de 2026.
¿Qué cambia con la regla de carga pública?
El concepto de “carga pública” forma parte de la ley migratoria estadounidense y puede utilizarse para determinar si ciertos extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos o convertirse en residentes permanentes podrían depender de asistencia gubernamental.
La Administración Trump rescindió la regulación de 2022, que limitaba los beneficios públicos que podían tomarse en consideración. Según USCIS, el nuevo enfoque permite a los oficiales analizar los factores pertinentes de cada solicitante caso por caso.
Información publicada por autoridades de San Francisco explica que, bajo la nueva regla, funcionarios migratorios podrán considerar determinados beneficios públicos no monetarios y basados en ingresos, entre ellos programas relacionados con salud, alimentos y vivienda, en los casos sujetos a la evaluación de carga pública.
¿A quién puede afectar?
Es importante aclarar que la regla de carga pública no aplica a todos los inmigrantes ni significa automáticamente que utilizar un beneficio público resulte en una deportación o en la negación de una green card.
La política se aplica principalmente a determinados extranjeros que solicitan admisión a Estados Unidos o ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.
Por ejemplo, autoridades de San Francisco señalan que no se aplica de la misma manera a personas que buscan residencia a través de categorías como asilo, refugio, visas U o T, VAWA o el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS). Tampoco se aplica a solicitudes de naturalización, DACA o TPS.
Por esa razón, especialistas y autoridades locales recomiendan que las familias no abandonen beneficios públicos que necesitan únicamente por temor a la nueva regla sin consultar primero con un proveedor confiable de servicios legales de inmigración.
¿Qué argumentan las ciudades y estados que demandaron?
Los demandantes sostienen que el Gobierno federal amplió indebidamente la interpretación de “carga pública” y alegan que la medida podría provocar que familias inmigrantes dejen de utilizar programas para los que legalmente son elegibles por temor a consecuencias migratorias.
Las demandas buscan que los tribunales bloqueen la implementación de los cambios mientras se determina su legalidad.
Por su parte, USCIS defiende la modificación y sostiene que la regulación de 2022 era demasiado restrictiva y no reflejaba adecuadamente la intención del Congreso de que las personas sujetas a esta evaluación sean autosuficientes.
¿Cuándo entraría en vigor?
La nueva regla está programada para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026 y aplicaría a solicitudes de admisión realizadas a partir de esa fecha y a solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente desde ese día.
Sin embargo, debido a las nuevas demandas, los tribunales podrían determinar si la política puede entrar en vigor según lo previsto o si debe ser bloqueada mientras continúa el proceso judicial.
Para las familias inmigrantes de Louisiana, el alcance de la regla dependerá del estatus migratorio, el tipo de solicitud y las circunstancias individuales de cada persona. Quienes tengan dudas sobre cómo podría afectarles deben buscar asesoría legal migratoria calificada antes de tomar decisiones sobre beneficios públicos.
